Hoy a las 10, la Corte anunciará su posición sobre el tarifazo

by Alfonso Matthews Agosto 19, 2016, 0:58

La Procuradora General de Argentina, Alejandra Gils Carbó, se pronunció en contra de los incrementos en las tarifas del gas aplicados por el Gobierno y avaló el fallo que anuló la medida.

A partir del dictamen de la Procuradora, los secretarios letrados del máximo tribunal trabajaban hoy a toda máquina para que en la reunión de acuerdo de mañana se pueda emitir una resolución que dé certeza a todos los actores y en especial sobre si los aumentos tendrán carácter retroactivo o no.

En paralelo, el presidente Mauricio Macri ratificó ayer en un acto en La Rioja que la política energética seguirá "en la misma dirección".

Como se preveía, Gils Carbó hizo énfasis en la ausencia de las audiencias públicas obligatorias previas a actualizar el cuadro tarifario.

Gils Carbó consideró que aunque el Poder Ejecutivo tiene la facultad para definir la política pública en materia de tarifas, advirtió que el control judicial debe garantizar que no se afecten derechos humanos y fundamentales vinculados al acceso al servicio de gas. Además, indicaron que se mantiene la tarifa social.

Para la representante del Ministerio Público Fiscal, la Cámara de La Plata interpretó "adecuadamente el derecho federal vigente al concluir que el aumento tarifario no pudo ser válidamente implementado sin la realización previa de una audiencia pública dado que la Ley 24.076 de Gas Natural impone ese mecanismo como herramienta para garantizar el derecho constitucional de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores".

También valoró que los aumentos ponen en riesgo la "actividad económica de los comerciantes, las empresas, las fábricas recuperadas y las cooperativas, de las cuales depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo". Las audiencias no sólo implican participación en la decisión y una vía administrativa para la eventual impugnación -algo recalcado por varios fiscales en sus dictámenes-, sino que aporta una "garantía de razonabilidad" para los usuarios y una garantía de transparencia del procedimiento.

En uno de sus tramos centrales, Gils Carbó recuerda que las audiencias "fijan también como objetivo la determinación de tarifas justas y razonables, a la vez que consagran los principios de accesibilidad, gradualidad, coherencia, progresividad y previsibilidad".

De esta manera, aceptaría de forma parcial la necesidad de realizar audiencias públicas para hacer efectivo el aumento de tarifas, principal reclamo de las ONG que judicializaron el tarifazo. Al respecto, señaló: "la incidencia del aumento es, incluso, más severa en el caso de los usuarios de las categorías pequeños consumos comerciales o industriales, dado que el cien por ciento (100%) debe afrontar aumentos que en promedio superan el quinientos por ciento (500%), e incluso en algunos casos alcanzan el mil quinientos por ciento (1.500%)".


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